La incapacidad permanente es la situación en la que se encuentra un trabajador que no puede llevar a cabo su trabajo, en parte o en su totalidad, o que no puede realizar ningún trabajo, como consecuencia de una enfermedad o de una lesión causada por un accidente, accidente laboral o no.

Por ejemplo, de un accidente de tráfico se pueden derivar lesiones que provoquen que una persona no pueda nunca más reincorporarse a su puesto de trabajo. En este caso, nos encontraríamos ante una incapacidad permanente total para la profesión habitual derivada de la contingencia de accidente, pudiendo tratarse asimismo de un accidente laboral si, por ejemplo, dicho accidente de tráfico hubiese acaecido al ir o volver del trabajo o durante el desempeño del mismo en el caso de un transportista, repartidor, etc…Esta imposibilidad de poder reincorporarse a su puesto de trabajo y la consiguiente pérdida de ingresos que de la misma se derivan es precisamente lo que la Ley pretende cubrir mediante el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente o bien mediante el otorgamiento de una indemnización a tanto alzado, si dicha incapacidad es parcial.

¿Es necesario contar con el asesoramiento de un Abogado especializado desde el principio?

Si, es importante tener en cuenta la importancia de contar con el asesoramiento de un Abogado especializado porque aunque pueda parecer que es suficiente con rellenar una solicitud y acudir a la revisión del equipo médico evaluador de la Seguridad Social, nada más lejos de la realidad. No en vano multitud de procedimientos de incapacidad, sean o no por accidente, acaban en juicio cuando podrían haberse solventado en vía administrativa en el supuesto de contar con el asesoramiento de un abogado. Nos tenemos que dar cuenta de que el reconocimiento de estas situaciones implica un gasto para la Seguridad Social o, en caso de accidente laboral, para la Mutua correspondiente, por lo que su reconocimiento no es baladí y suele otorgarse con carácter restrictivo.

El origen de la incapacidad es también una cuestión espinosa que en muchas ocasiones hay que pelear, pues el importe de la pensión o indemnización que se reconoce en caso de ser enfermedad o accidente laboral es distinta, así como el responsable de su abono, Seguridad Social o Mutua Laboral. Es importantísimo, por lo tanto, contar con el asesoramiento de un Abogado desde un primer momento, ya que aparte de poder ayudarnos a calcular la indeminzación que podemos reclamar por accidente y ayudarnos a reclamarla, el hecho de  no hacer las cosas correctamente puede traducirse en el mejor de los casos en la necesidad de acudir a un procedimiento judicial laboral y, en el peor, pérdida de derechos e indemnizaciones.

Teniendo claro lo anterior, pasemos a analizar los distintos tipos de incapacidad que existen y las diferencias entre unas y otras.

¿Qué tipos de incapacidad permanente existen?

Como hemos señalado anteriormente, una incapacidad permanente es una prestación económica o una indemnización a tanto alzado que se reconoce al trabajador que presenta reducciones anatómicas o funcionales definitivas que disminuyen o anulan su capacidad laboral. Y en función del grado de limitación laboral que provoquen dichas reducciones, se reconoce uno u otro tipo de incapacidad.

Si podemos seguir realizando nuestro trabajo aunque con determinado grado de limitación nos encontramos ante un supuesto de incapacidad permanente parcial. Si no podemos llevar a cabo nuestro trabajo, la incapacidad se reconoce en grado de total. Esta última puede ser incapacidad permanente total normal o cualificada. Explicaremos las diferencias entre una y otra más adelante. La imposibilidad de llevar a cabo cualquier trabajo se traduciría en una incapacidad permanente absoluta. Y si además de encontrarse un trabajador en situación de incapacidad permanente absoluta necesita la ayuda de otra persona para llevar a cabo las actividades básicas de la vida diaria, como comer, vestirse, ducharse, etc…nos encontraremos ante lo que se denomina gran invalidez. Lógicamente, los derechos que se reconocen en uno y otro caso con distintos.

¿Qué es una incapacidad permanente parcial?

La incapacidad permanente parcial es aquella que se reconoce a un trabajador que, como consecuencia de un accidente o de una enfermedad, ha visto disminuido su rendimiento normal para su profesión habitual en como mínimo un 33%, pero que puede continuar realizando las tareas habituales de la misma.

El reconocimiento de esta situación da derecho a la obtención de una indemnización equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora correspondiente.

¿Qué es una incapacidad permanente total?

La incapacidad permanente total es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las tareas fundamentales de su profesión habitual, pudiendo dedicarse a otra profesión distinta.

Su reconocimiento da derecho a la obtención de una pensión mensual consistente, como norma general, en un 55% de la base reguladora. Esta pensión mensual puede ser sustituida, en determinados supuestos, por una indemnización a tanto alzado.

¿Qué es una incapacidad permanente total cualificada?

Cuando a un trabajador mayor de 55 años se le reconozca una incapacidad permanente total, podrá aumentarse la pensión mensual en un 20% de la base reguladora si, por su falta de preparación y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presume la dificultad de obtener empleo en actividad distinta de la habitual. Es decir, la pensión mensual consistiría en el 75% de la base reguladora.

¿Qué es una incapacidad permanente absoluta?

Es aquella que impide al trabajador llevar a cabo cualquier actividad laboral u oficio. Da lugar al reconocimiento de una pensión equivalente al 100% de la base reguladora que corresponda.

¿Qué es una gran invalidez?

Es aquella que se reconoce al trabajador afecto de una incapacidad permanente absoluta y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para la realización de los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse o comer.

El reconocimiento de esta incapacidad da derecho a la obtención de la pensión que corresponda por incapacidad y a un incremento destinado a remunerar a la persona que atienda al beneficiario.

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¿Qué diferencia hay entre incapacidad o minusvalía o discapacidad?

La condición de minusvalía o discapacidad se reconoce a aquellas personas que presentan deficiencias físicas o psíquicas en un grado igual o superior al 33%.

La competencia para la determinación del grado de discapacidad corresponde a los equipos de valoración y orientación de las distintas comunidades autónomas quienes, además de llevar a cabo un reconocimiento físico del interesado, evalúan los distintos informes médicos aportados junto con la solicitud, tomando también en consideración los factores socioeconómicos de su situación.

La valoración de la discapacidad se expresa en porcentajes y la de los factores sociales complementarios por un sistema de puntuaciones.

La obtención del certificado de minusvalía en grado igual o superior al 33% conlleva el reconocimiento de determinados beneficios a favor de la persona discapacitada.

El procedimiento se inicia mediante una solicitud presentada ante el órgano correspondiente, acompañada de los informes médicos preceptivos. Es esencial la aportación de un buen expediente médico que comprenda todos los informes previos a la solicitud. A continuación, el órgano competente citará al interesado para examen y realización de las pruebas oportunas, emitiendo dictamen propuesta y posterior resolución con el grado de discapacidad reconocido.

La resolución conteniendo el grado de discapacidad puede ser impugnada por el interesado en caso de disconformidad, tanto en vía administrativa como judicial, siempre dentro de los plazos legalmente establecidos al efecto.

De acuerdo con lo anterior, aunque están relacionadas, las diferencias fundamentales entre incapacidad y minusvalía es que la primera viene referida a la actividad laboral y da derecho a la obtención de una pensión, en tanto que la segunda viene referida a las actividades propias de la vida diaria de una persona y no da derecho a la obtención de una pensión como la de la incapacidad, aunque sí a determinadas ayudas y beneficios fiscales.